El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2023 elaborado por la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA presenta datos alarmantes porque el sistema no garantiza los derechos humanos fundamentales de las personas con problemas de salud mental, perpetuando su exclusión, vulnerabilidad y sufrimiento.
Hay derechos que parecen firmes, inquebrantables, hasta que te sientas en una consulta y el mundo te etiqueta con un diagnóstico psiquiátrico. En ese instante, todo puede desmoronarse. Tu relato pierde credibilidad, tu autonomía queda suspendida en el aire y lo que decides sobre tu cuerpo y tu mente parece que ya no te pertenece del todo. Esto no es un escenario de ciencia ficción ni una exageración: es la realidad de muchas personas con problemas de salud mental en nuestro país.
La reciente campaña de la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA, bajo el lema #DerechoANuestrosDerechos, no es un simple recordatorio: es una denuncia clara y cruda. Las cifras, como suelen hacer, nos sacuden: solo un 8,2 % de las personas diagnosticadas participa en decisiones sobre su tratamiento farmacológico. Menos del 7 % cuenta con un Plan Individualizado de Atención (1). Y el 40,3 % (2) denuncia no haber recibido información clara y comprensible sobre su diagnóstico. Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Salud Mental España, lo resume con contundencia: “Es urgente un cambio del modelo de atención a la salud mental para que la expresa anticipación de la voluntad sea vinculante en la práctica para los profesionales responsables de tomar decisiones sanitarias”.
El 40,3 % de las personas diagnosticadas de un trastorno mental considera no haber recibido información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno
¿Qué está fallando? Porque no hablamos solo de números, sino de un principio fundamental: el derecho a decidir. Los derechos humanos no son negociables, y la autonomía no debería depender del diagnóstico que te asignan, pero el estigma sigue teniendo un peso aplastante. Lo explica José Luis Méndez, trabajador social y responsable del Servicio de Información de la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA: “Especialmente llamativa es la falta de credibilidad que tienen las personas con problemas de salud mental cuando acuden a los centros de atención sanitaria para exponer dolencias físicas. Muchos profesionales presuponen que son resultado de sus problemas de salud mental”. Es decir, si tienes un diagnóstico psiquiátrico, tu palabra vale menos.
Esta infantilización estructural nos roba algo tan básico como el derecho a saber y decidir sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo y mente. ¿Qué fármacos tomamos? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué otras alternativas existen? Preguntas tan válidas y necesarias como ignoradas. A esto se suma una realidad poco conocida pero clave: la Planificación Anticipada de Decisiones (PAD), una herramienta clave que podría garantizar la autonomía incluso en situaciones de crisis. La PAD, contemplada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, permite que la persona determine cómo quiere ser atendida cuando no pueda manifestar su voluntad. Pero como denuncia Muñoz Escandell, su aplicación aún es limitada: “Una de las principales barreras para que la PAD sea una realidad es el estigma, que contribuye a la pervivencia de patrones propios de un sistema médico o rehabilitador”.
Urge pasar de un modelo paternalista a un modelo de derechos humanos, donde las personas sean protagonistas de sus decisiones y no meros espectadores de tratamientos impuestos
Como se afirmó en la jornada del Día Internacional de los Derechos Humanos, la respuesta a todo esto no puede ser otra que el cambio. Un cambio radical en la mirada, en las políticas y en la formación de quienes atienden. Urge pasar de un modelo paternalista a un modelo de derechos humanos, donde las personas sean protagonistas de sus decisiones y no meros espectadores de tratamientos impuestos.
La falta de información y de participación no son errores menores, son vulneraciones de derechos fundamentales. No saber qué efectos secundarios tiene tu medicación, no poder elegir entre alternativas terapéuticas o no ser escuchada la persona en una crisis son fallos estructurales que perpetúan la exclusión. Según el informe La situación de la salud mental en España, el 46,3 % de las personas que toman psicofármacos no recibe información suficiente sobre sus efectos secundarios
Por todo esto, la campaña #DerechoANuestrosDerechos no es solo un lema; es una llamada a la acción. SALUD MENTAL ESPAÑA exige una atención sociosanitaria basada en la información, el consentimiento informado, la autonomía y la participación. No se está hablando de empatía o de buenas intenciones. Se trata de derechos humanos, de justicia y de dignidad.
Las personas con problemas de salud mental no son diagnósticos. Tienen voz, capacidad de decisión y derecho a ser escuchadas. Es hora de dejar de suponer qué es lo mejor para ellas y de empezar a preguntar, escuchar y respetar su voluntad. Porque sin información no hay autonomía. Y sin autonomía, no hay derechos.
Garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental no es solo un imperativo ético que emana del respeto a la dignidad humana, sino también una obligación legal respaldada por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008. Este tratado internacional establece claramente, en su artículo 12, que todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Además, exige que se proporcionen apoyos adecuados para que puedan ejercer su autonomía y tomar decisiones sobre sus vidas, incluyendo su salud. Incumplir estos principios no solo perpetúa la vulneración de derechos, sino que sitúa al sistema de atención en una posición de incumplimiento legal frente a los estándares internacionales de derechos humanos.
Conocer los propios derechos
Según los datos proporcionados por SALUD MENTAL ESPAÑA, menos del 7 % de las personas con problemas de salud mental participa en el diseño de su PIA (1). Estos planes, que deberían garantizar una atención adaptada a las necesidades, preferencias y valores de cada persona, no suelen contar con la participación activa de los propias personas concernidas (3).
Laura Muñoz reconoce que existen obstáculos para llevar este derecho a la práctica: “Está claro que el desarrollo legislativo ha ido por delante de la realidad sociológica y una de las principales barreras a las que se habrá de hacer frente para que la PAD en salud mental sea una realidad, es la del estigma, que contribuye a la pervivencia de patrones de conducta todavía propios de un sistema médico o rehabilitador”, asegura.
Muchas personas con problemas de salud mental desconocen la existencia de esta herramienta, que debería garantizar una atención adaptada a sus necesidades y preferencias. Esta falta de información impide que puedan ejercer su derecho a participar activamente en decisiones sobre su tratamiento y proceso de recuperación.
La Federación Salud Mental Madrid ha trabajado junto con el personal profesional de salud mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en la elaboración de un Formulario de Planificación Anticipada de Decisiones (PAD), en aras a que se respeten los derechos y preferencias de las personas pacientes de salud mental.
Discapacidad, Salud Mental y Derechos Humanos
La Organización Mundial de la Salud publicó en 2022 su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglo. Se confirmaba como los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de uno de cada seis años vividos con discapacidad.
A pesar de que una de cada cuatro personas tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, la estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales están muy extendidas en la sociedad y en los sistemas de atención de todo el mundo.
La salud mental está intrínsecamente ligado al ejercicio de nuestros derechos. La ausencia o vulneración de estos derechos se traduce directamente en sufrimiento y falta de bienestar
Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2023
El «Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2023» elaborado por la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA analiza profundamente cómo los derechos humanos impactan en la salud mental en España. La premisa central es que el cuidado de la salud mental está intrínsecamente ligado al ejercicio de nuestros derechos. La ausencia o vulneración de estos derechos se traduce directamente en sufrimiento y falta de bienestar.
De hecho, el informe refleja una situación alarmante en relación con los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental en España, evidenciando múltiples formas de discriminación y vulneración de derechos.
Así, en el ámbito de la igualdad y no discriminación, se denuncia el edadismo, que agrava la salud mental de las personas mayores, así como la exclusión de servicios esenciales, como seguros y servicios bancarios, hacia personas con discapacidad psicosocial. También se destacan las formas múltiples de discriminación que afectan especialmente a mujeres y niños, impactando severamente en su salud mental.
Respecto al derecho a la vida, el informe aborda el suicidio como una problemática vinculada al sufrimiento y a la falta de apoyo adecuado, reclamando una red de atención accesible, medidas de prevención y una cobertura mediática responsable para desestigmatizar la cuestión. En el acceso a la justicia, se identifican barreras procedimentales y falta de preparación en el sistema judicial, donde el estigma social sigue siendo un obstáculo. Como ejemplo positivo, se menciona el Plan de acceso a la Justicia del Gobierno Vasco.
En cuanto a la libertad y seguridad, el documento denuncia los tratamientos e ingresos involuntarios, señalando la coerción como una práctica contraria a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Se propone un modelo de atención centrado en la persona y se destaca la Instrucción N.º 4/2023 de la Generalitat Valenciana por promover planes de atención libres de coerción. En materia de salud, el informe recalca el impacto de la pandemia, la falta de recursos y de profesionales especializados, así como la subestimación de la salud mental en personas mayores debido a la discriminación por edad.
Muchas personas con discapacidad psicosocial lo ocultan por miedo al estigma y la discriminación laboral
Por otro lado, en el ámbito del trabajo y empleo, se subraya la necesidad de coherencia en los servicios del Sistema Nacional de Empleo para facilitar la inserción laboral de personas con problemas de salud mental. Se denuncia que muchas personas ocultan su situación por miedo al estigma y la discriminación laboral, mientras que las personas con discapacidad psicosocial según el último dato del INE: una tasa de empleo del 19 % de personas con una discapacidad psicosocial, la más baja de las discapacidades, en 2023.
SALUD MENTAL ESPAÑA, en sintonía con la Federación Mundial de la Salud Mental, insiste en priorizar la salud mental en el trabajo como un tema urgente y transversal.
Escenario alarmante
Los datos muestran un escenario alarmante porque refleja una vulneración sistemática de derechos fundamentales en múltiples ámbitos de la vida de las personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, lo que perpetúa la exclusión, el sufrimiento y la desigualdad.
Por un lado, la discriminación estructural impide el acceso a servicios esenciales como seguros, atención sanitaria adecuada y justicia, negando la autonomía y el derecho a una vida independiente. Esta discriminación afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables como mujeres, niños y personas mayores, quienes experimentan formas múltiples e interseccionales de exclusión.
Además, prácticas como los tratamientos e ingresos involuntarios, que aún recurren a la coerción, atentan directamente contra la dignidad y los derechos humanos de las personas, evidenciando un modelo asistencial obsoleto y paternalista. El estigma social y la discriminación en el ámbito laboral agravan esta situación, impidiendo la recuperación y la plena participación en la sociedad, mientras que el edadismo sigue invisibilizando los problemas de salud mental en las personas mayores.
Por último, la falta de recursos y profesionales especializados en salud mental, sumada a la escasa inversión pública, deja a muchas personas sin acceso a una atención adecuada y a programas preventivos, especialmente a niños, adolescentes y mayores. Esto no solo impacta su bienestar y calidad de vida, sino que también incrementa problemas graves como el suicidio, que podría prevenirse con medidas efectivas de apoyo y sensibilización.
Y estos datos claman porque el sistema no garantiza los derechos humanos básicos de las personas con problemas de salud mental, perpetuando su exclusión, vulnerabilidad y sufrimiento.
La situación muestra la necesidad de una intervención urgente y estructural que priorice la igualdad, el acceso a la justicia, la libertad y el derecho a una atención digna y centrada en la persona.
No solo está en juego el bienestar y la situación de las personas con discapacidad psicosocial en España, sino la garantía de sus derechos fundamentales, reconocidos tanto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como en otros marcos internacionales.
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