Hay una línea invisible, pero profundamente cruel, que divide a quienes sufren en nuestra sociedad. No la marcan los diagnósticos, ni la gravedad de los síntomas, ni la intensidad del llanto en la intimidad del hogar. La marca, única y llanamente, la cuenta bancaria. Mientras una persona con recursos puede descolgar el teléfono y conseguir una cita con un terapeuta privado para esa misma semana, otra con el mismo nivel de angustia se enfrenta a una lista de espera de meses en el sistema público, para luego recibir una atención fragmentada de apenas veinte minutos.
Por Joan Ramón Miret. www.elperiodicodelapsicologia.info
El dolor psíquico no entiende de clases sociales, pero su alivio sí. Hemos normalizado que cuidar de la mente sea un privilegio reservado para quienes pueden permitirse pagar entre sesenta y noventa euros por sesión. Al hacerlo, hemos convertido un derecho constitucional y humano en un artículo de consumo.
El sesgo de clase en el sufrimiento. Existe una amarga paradoja en la arquitectura de la salud mental actual: las condiciones socioeconómicas más precarias —la inestabilidad laboral, la dificultad para pagar el alquiler o la falta de redes de apoyo— son precisamente los mayores desencadenantes de la ansiedad y la depresión. Sin embargo, quienes habitan estos entornos son quienes menos posibilidades tienen de acceder a una psicoterapia de calidad.
Cuando los recursos públicos son insuficientes, el sistema tiende a responder de la única manera que puede optimizar el tiempo: la receta rápida. España arrastra una de las tasas de consumo de psicofármacos más altas de Europa. No es porque nuestros profesionales públicos no quieran escuchar, sino porque las agendas colapsadas no les dejan otra opción. Semedica el síntoma porque no hay tiempo para atender la causa. El resultado es una sociedad anestesiada pero no curada, donde el malestar estructural se aborda como un fallo químico individual.
La trampa de la cronificación. Esperar cuatro o cinco meses para una primera consulta psicológica en la sanidad pública no es solo un inconveniente burocrático; es un factor de riesgo clínico severo. El sufrimiento emocional es dinámico. Una crisis de ansiedad no resuelta a tiempo, un duelo bloqueado por la falta de amparo o un trauma incipiente no se congelan en el tiempo mientras se espera una llamada telefónica.
Lo que comenzó como un cuadro leve o moderado, perfectamente abordable con terapia breve, se cronifica, se enraíza en la identidad de la persona y acaba derivando en trastornos complejos que requerirán intervenciones mucho más costosas y prolongadas en el futuro. La escasez de recursos públicos actuales es la fábrica de los pacientes crónicos del mañana.
Democratizar la escucha: Una exigencia ética. La salud mental holística y comunitaria no puede seguir siendo una alternativa idílica de las clínicas privadas; debe ser el núcleo de nuestra red de protección social. Exigir recursos públicos dignos no es una petición gremial de los profesionales del sector, es una exigencia de justicia social.
Para revertir esta deriva, es urgente poner el foco en tres pilares esenciales:
Multiplicar las plazas de psicólogos clínicos (PIR): Equiparar nuestra ratio de profesionales por habitante a la media europea para reducir de forma real los tiempos de espera.
Integrar la psicología en la atención primaria: Detectar el malestar en los centros de salud de barrio antes de que el sufrimiento se desborde hacia las urgencias hospitalarias.
Desvincular la terapia de la lógica del mercado: Garantizar que la calidad del amparo psicológico dependa de la necesidad clínica del paciente y jamás de su capacidad adquisitiva.
Una sociedad que se dice avanzada no puede permitir que la cordura y el bienestar emocional dependan del código postal o del poder adquisitivo. Sanar no puede ser el negocio de unos pocos; tiene que volver a ser el refugio accesible de todos.
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