El Fiscal General de Texas lleva a la farmacéutica Pfizer a juicio por tergiversar los datos de eficacia de su vacuna y conspirar para censurar la verdad

“El Estado de Texas tiene razones para creer que Pfizer le ha causado perjuicios, pérdidas y daños, así como efectos adversos a la conducta legal del comercio, afectando así directa o indirectamente a la población de este Estado”
“A pesar de que su ensayo clínico no pudo medir si la vacuna protege contra la transmisión, Pfizer se embarcó en una campaña para intimidar al público para que se vacunara como medida necesaria para proteger a los seres queridos”
“En algunas zonas se registró un mayor porcentaje de muertes por COVID-19 entre la población vacunada que entre la no vacunada”
“Cuando el fracaso de su producto se hizo evidente, Pfizer pasó a silenciar a los que decían la verdad. Pfizer tachó de “criminales” a quienes difundían datos sobre la vacuna. Les acusó de difundir “desinformación”. Y coaccionó a las plataformas de las redes sociales para que silenciaran a destacados defensores de la verdad”

El Fiscal General Ken Paxton, en representación oficial del Estado de Texas, ha presentado el 30 de noviembre de 2023 una demanda contra la compañía Pfizer Inc.
En ella se detallan y documentan los procedimientos fraudulentos seguidos por la compañía con el fin de obtener una autorización de uso de emergencia (EUA) de su vacuna COVID-19, así como la conducta de la empresa, en conjunto con el gobierno norteamericano, para censurar la difusión de información crítica -y demostradamente certera, a la postre- que perjudicase la confianza de la población en el producto, y por ende su venta y las ganancias de Pfizer.
En su pieza, los oficiales del Estado de Texas argumentan que Pfizer usó cifras de reducción relativa de riesgo que resultaban engañosas a la luz de los datos obtenidos por la empresa en breves y parciales estudios. Muestra como ocultó sus propios datos por largos meses debido a que éstos revelaban que aun la presunta eficacia de la vacuna disminuía abruptamente en muy corto tiempo, y relativizó activamente ante la opinión pública los datos que iban emergiendo (por ejemplo desde Israel) que confirmaban esto. La demanda confirma que Pfizer vacunó a los miembros de su grupo placebo pese a la expresa recomendación en contra de la FDA, lo que eliminó la posibilidad de hacer un seguimiento de la eficacia y los efectos secundarios de su vacuna por un plazo mayor a dos meses. Y brinda documentación que prueba cómo Pfizer conspiró, junto a oficiales del gobierno norteamericano como Scott Gottlieb, para censurar los datos e informaciones que demostraban este fraude contra la población.
El conjunto de la demanda vuelve a presentar una síntesis ordenada de múltiples argumentos y datos divulgados.
Pfizer incurrió en actos y prácticas falsos, engañosos y equívocos al hacer afirmaciones sin fundamento sobre la vacuna COVID-19 de la empresa, infringiendo la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas.

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